Memoria, Verdad y Justicia
Cada 24 de marzo, aniversario del último golpe de estado ocurrido en 1976, se busca generar y mantener memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan «nunca más» y sus autores sean enjuiciados y castigados.
Consecuencias del golpe de Estado
- Se instauró un régimen de terror, persecución, secuestro y desaparición forzada de personas, tortura y asesinatos clandestinos masivos en «campos de concentración», secuestro y cambio de identidad de niños, apropiación ilegal de propiedades pertenecientes a muchos de los ciudadanos secuestrados.
- Se disolvió el Congreso.
- Se anuló la libertad de expresión
- Se suspendió la vigencia de la Constitución Nacional
- Se proscribieron los partidos políticos
- Se clausuró toda actividad gremial
- Se generó una fuerte censura que alcanzó gran parte de las manifestaciones culturales
- Se cerraron carreras universitarias y se persiguió toda manifestación crítica hacia el gobierno militar en el ámbito universitario
- La política educativa se caracterizó por la imposición de contenidos, la censura, la vigilancia y la militarización de las escuelas: Se imponía el material didáctico y no se permitía hablar de ciertos temas en clase. Se vaciaron los contenidos curriculares. Se censuraban los materiales didácticos, actividades y docentes que pudieran generar reflexión crítica. Se imponía una «enseñanza personalizada» basada en una «pedagogía de los valores». Se vigilaba el cumplimiento de las medidas aprobadas. Se infiltraban “alumnos” en las instituciones educativas, que eran agentes de inteligencia del régimen militar. Se llevó a cabo la «Operación Claridad», que consistía en espiar e investigar a funcionarios y personalidades vinculadas con la educación y la cultura. Se prohibieron y reprimieron las actividades políticas y gremiales de los estudiantes. Se redujo el presupuesto destinado a la educación. Se impulsó la privatización de la educación pública. Se transfirieron las escuelas primarias y preprimarias a las provincias sin recursos.
- Se intervinieron las provincias y los municipios
Día Nacional de la Memoria
- En 2002, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Esta fecha conmemora a las víctimas de la dictadura militar
- El objetivo es reflexionar y analizar la historia reciente
- Se busca que los niños y jóvenes comprendan las consecuencias de la dictadura
- Se promueve el compromiso con la defensa de los derechos y la democracia
NO FUE UNA GUERRA, FUE GENOCIDIO
Durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo, especialmente a partir de la revolución cubana, hubo un fuerte proceso de radicalización política en América Latina. En el seno del pueblo argentino estaba instalada una intensa pugna en torno al proyecto de país que se quería construir. Amplios grupos sociales y políticos promovían una transformación radical por la vía revolucionaria, ya sea por medio de la lucha armada como por prácticas no violentas.
Desde sectores políticos de derecha argumentan que el accionar de las organizaciones armadas ha sido silenciado. La violencia política que antecedió al golpe vuelve a señalarse como responsable de la violencia ejercida desde el Estado.
Las organizaciones revolucionarias armadas desplegaron actos de violencia que en un marco democrático debieron ser juzgadas con todas las garantías del Estado. Pero no fue lo que sucedió. Según un informe elaborado y publicado por la Junta Militar en el diario La Nación el 8 de mayo de 1980, estos actos contabilizan 492 asesinatos entre 1969 y 1979 (sólo el genocida ex director de investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz fue condenado por 711 crímenes).
Las víctimas de la dictadura no tuvieron juicio justo por lo tanto no son legalmente culpables de delito alguno: son inocentes. Considerarlos culpables o delincuentes sería reconocerle legalidad a los procedimientos inhumanos e ilegales a los que la dictadura los sometió.
Ante la imposibilidad de ocultar las graves violaciones a los derechos humanos, el Documento Final de la Junta Militar sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y el Acta Institucional, publicado el 28 de abril de 1983, intentó justificar sus crímenes que durante muchos años había negado: “Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera. En un ambiente teñido diariamente de sangra inocente, de destrucción y ante una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la compresión de los hombres”.
Los argumentos de hoy en torno a una supuesta guerra contra el terrorismo son los mismos que la dictadura enunció para ocultar los crímenes de lesa humanidad que perpetró contra decena de miles de personas a las que secuestró, privó ilegalmente de su libertad, torturó, expulsó al exilio e hizo desaparecer (Comisión Provincial de la Memoria)
«Todos los juzgados de instrucción, las cámaras federales que confirmaron lo que hicieron los juzgados de instrucción, las salas de la Cámara Federal de Casación y Cortes, todos, que son decenas de decenas de juezas y jueces de punta a punta del país y durante 42 años, todos lo que han tenido en sus manos el recorrido que tuvieron las 323 sentencias (de causas de lesa humanidad) dijeron claramente: acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio planificado por los militares y ejecutado por militares policías y civiles« (Pablo Llonto, abogado especialista en Derechos Humanos)
¿QUE ES EL TERRORISMO DE ESTADO? ¿QUE IMPLICANCIAS TUVO EN LA ARGENTINA? (Transcripción del Texto elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, octubre de 2023: «Preguntas y respuestas sobre la
dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado»)
¿Por qué se dice que la de 1976 fue una dictadura cívico-militar?
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato constitucional. Las tres fuerzas (Ejército, Marina y Aeronáutica) conformaron una Junta Militar que ocupó el Poder Ejecutivo, subordinando a todas las fuerzas armadas y de seguridad, y a los demás poderes del Estado, a su conducción. La Junta ordenó la disolución de los poderes legislativos y la remoción de los miembros de las cortes supremas nacionales y provinciales; dispuso la proscripción de los partidos políticos y sindicatos; y suspendió la vigencia de la Constitución Nacional. Se habla de dictadura “cívico-militar”, debido a que el gobierno de facto contó con la participación, anuencia y complicidad de sectores de la sociedad civil (principalmente económicos, eclesiásticos y mediáticos) que favorecieron la aceptación social con campañas de desinformación, le ofrecieron un marco de “institucionalidad” y/o financiaron la empresa genocida para verse beneficiados con las medidas regresivas impuestas
¿Qué se entiende por terrorismo de Estado?
La última dictadura se caracterizó por el ejercicio del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas impusieron un Plan Sistemático de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil, cuya finalidad era generar terror en todo el cuerpo social para eliminar cualquier resistencia a sus políticas y disciplinar a los ciudadanos. Su metodología de amedrentamiento social consistía en poner los recursos del Estado al servicio de crímenes como el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de todos aquellos que se oponían a los modelos económicos liberales en todo el territorio nacional; y del ocultamiento y de la negación de esos crímenes. Durante esos años proliferaron los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, los secuestros en la vía pública, los operativos espectaculares, las simulaciones de enfrentamientos, entre muchos otros métodos que aterrorizaban a la población, para desarticular los movimientos de organización social, sindical y política.
En los juicios de lesa humanidad seguidos contra los miembros de la última dictadura, los jueces han adoptado y utilizado en forma reiterada el término “terrorismo de Estado” para poder brindar una definición jurídica y de contexto a lo realizado por la dictadura, y enmarcar allí los hechos que se están juzgado en cada uno de los debates orales y públicos.
¿Por qué el terrorismo fue solo desde el Estado?
La violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras durante los años 70 no justifica ni puede equiparase a los crímenes cometidos
por el Estado, como si se trataran de violencias contrapuestas. No es posible buscar una simetría entre la acción de particulares y las prácticas ilegales y criminales cometidas por el Estado. No existieron dos bandos ni hubo ninguna guerra. Tampoco se trató de casos aislados o excesos por parte de las fuerzas represivas. Lo que existió fue un plan sistemático organizado y gestionado desde el Estado para desaparecer, torturar y asesinar a militantes políticos en virtud de sus ideas y aspiraciones, según lo que ha sido ratificado por los jueces en las sentencias condenatorias por estos crímenes.
¿Qué son los juicios por crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué se siguen juzgando crímenes cometidos hace más de 40 años?
Los juicios de lesa humanidad son aquellos que se llevan a cabo desde el Juicio a las Juntas de 1985 en todos los tribunales federales del país contra los responsables de los crímenes de la dictadura cívico-militar 1976-1983, quienes durante este tiempo y con el objeto de implantar un régimen económico de exclusión para las mayorías, cometieron secuestros torturas, violaciones, robo de bienes, robo y apropiación de bebes de las personas secuestradas, ejecuciones de personas y desaparición física de las mismas. Estos juicios son ejemplo en el mundo, ya que se llevan adelante con las leyes vigentes y respetando las garantías constitucionales e internacionales de los imputados, en tribunales federales comunes. Para dicho juzgamiento, no se constituyeron tribunales ni leyes especiales. Las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad tienen derecho a saber qué paso, y es un deber del Estado investigar, juzgar, sancionar y reparar lo sucedido. En este contexto, el derecho internacional ha formado sólidos lineamientos sobre la delimitación de los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad, como forma de asegurar que los Estados cumplan con su obligación de investigar, juzgar,
sancionar y reparar dichos delitos sin importar el paso del tiempo. La imprescriptibilidad es el instituto jurídico por el cual la persecución de los delitos no se extingue por el paso del tiempo, y solo se aplica cuando nos encontramos frente a los delitos más graves, que ofenden a la humanidad en su conjunto. Esa es una característica que define a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, y por eso se los continúa juzgando.
¿Por qué se juzgan también crímenes cometidos por la Fuerzas Armadas, de Seguridad o con participación del Estado antes del golpe de 1976?
Existen graves crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidas con anterioridad al golpe de 1976, durante la primera mitad de la década del 70, que fueron perpetrados en el contexto de las dictaduras militares anteriores, o en democracia bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas o por organizaciones paramilitares organizadas desde el mismo Estado, inclusive garantizándoles recursos económicos, armamentos y lugares de funcionamiento en dependencias propias. Estos crímenes están siendo investigados en diversas causas judiciales en las que fueron considerados por los jueces como de lesa humanidad.
¿Por qué no se investigan y sancionan penalmente los delitos cometidos por organizaciones político-militares?
Las acciones delictivas llevadas adelante por miembros de organizaciones como Montoneros y ERP no fueron juzgadas en su mayoría por decisión de la propia Junta Militar que, con la instauración del terror por parte del Estado, asesinó o hizo desaparecer clandestinamente a las personas detenidas como parte del plan sistemático que ya se encuentra probado. De acuerdo al Código Penal Argentino las acciones que podrían imputarse a estas personas actualmente se encuentran prescriptas (Ley N° 11.179, Título X, arts. 59 a 70). Legalmente no se trata de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos, como pueden ser las torturas, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas cometidos por agentes estatales y, por lo tanto, esas acciones no pueden ser juzgadas en el presente. Esto ha sido ratificado en varias oportunidades por la justicia federal. Antecedentes: En sus primeros días de gobierno, el presidente Raúl Alfonsín sancionó los decretos N° 157/83 y 158/83 declarando
la necesidad de promover acciones penales contra las llamadas cúpulas de organizaciones armadas como Montoneros y ERP, así como de someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares siguientes. El decreto N° 158/83 fue el que dio lugar al proceso que conocemos como Juicio a las Juntas. Por su parte, en el marco del decreto N° 157/83 se sustanciaron acciones penales por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos de los que resultaran autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices.
En virtud de ambos decretos, los procesos de justicia se sustanciaron con las garantías procesales propias del Estado de derecho. Con posterioridad a estos procesos, que resultaron en sentencias judiciales de prisión efectiva, en octubre de 1989 y diciembre de 1990 el presidente Carlos Menem indultó a más de 1200 personas (civiles y militares) que cometieron delitos y crímenes durante la dictadura. Entre estas personas indultadas estaban los miembros de las Juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 (Decretos N° 1002/89, 1005/89, 2741/90, 2746/90) y algunos de los imputados como miembros de las organizaciones Montoneros y ERP (Decretos N° 1003/89, 2742/90).
¿Por qué es importante investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes cometidos por la última dictadura?
Nuestro país se presenta como un caso paradigmático en el mundo a la hora de juzgar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Las investigaciones con relación a los hechos ocurridos en el pasado reciente no solo cobran vital importancia a la hora de esclarecer qué fue lo que sucedió, sino que se vuelve central en la tarea de evitar la repetición de estos hechos, preservando y fortaleciendo la memoria histórica como sustento de nuestra democracia. De este mismo modo, la reparación individual como colectiva por parte del Estado es una tarea indelegable del mismo, en tanto fue el principal actor que perpetró los delitos que busca reparar. Asimismo, la Argentina incorporó en 1994 a la Constitución Nacional tratados de derechos humanos, que disponen la obligación por parte de los Estados de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. En resumen, llevar adelante estas políticas de Memoria, Verdad y Justicia es central a la hora de fortalecer y bregar por nuestra democracia, su futuro y el Nunca Más.
¿Por qué es legítimo el proceso de juzgamiento que se reabrió en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner?
El actual proceso de juzgamiento está sustentado jurídicamente en nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales de
derechos humanos allí incorporados y el Código Penal de la Nación. Luego de largos años de impunidad, a partir de 2003 se logró
cambiar el escenario político y jurídico en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Luego de la sanción en el Congreso de la nulidad
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se posibilitó la reapertura los juicios. Más tarde, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la invalidez e inconstitucionalidad de estas leyes de impunidad, habilitando de manera definitiva el avance de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. De esta manera, desde 2003 los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con el acompañamiento de la Procuración General de la Nación, coordinaron políticas públicas destinadas a ampliar la investigación, juzgamiento y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, dando continuidad y profundizando así el proceso iniciado durante la década del 80 con la CONADEP y el Juicio a las Juntas.
¿Por qué se considera que «Memoria, Verdad y Justicia” es una política de Estado en Argentina?
Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país son una respuesta institucionalizada a las violaciones a los derechos humanos en toda su complejidad, a partir de la necesidad de enfrentar y reparar las heridas del pasado. Durante muchos años, fueron reclamadas por las organizaciones de derechos humanos. Esta respuesta institucionalizada se hace visible en un conjunto de políticas públicas implementadas que se encuentran cristalizadas en normativas institucionales, legales y jurídicas que buscan su sostenimiento en el tiempo más allá de los diferentes gobiernos que accedan al Estado.
¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de la dictadura?
Durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado se llevaron adelante una serie de medidas de ajuste que implicaron el empobrecimiento de los trabajadores, situación que sólo fue posible debido a la proscripción y persecución de los sindicatos. Se puso a la cabeza del Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz –expresidente de la Sociedad Rural Argentina- que inició un plan de ajuste de los salarios y achicamiento del Estado, seguido de una fuerte devaluación e hiperinflación. La dictadura, en materia económica, significó un cambio en la matriz productiva de la Argentina, ya que se abrió indiscriminadamente la entrada de los mercados financieros internacionales, mientras se desprotegía a la industria nacional. La caída de la industria implicó la pérdida de trabajo, la reducción del mercado interno y el crecimiento de la pobreza estructural. Las condiciones económicas fomentaban la llamada “bicicleta financiera” con la que se expoliaron fondos del Estado: un juego con el tipo de cambio interno y las tasas de interés permitía generar ganancias extraordinarias en poco tiempo, sin necesidad de producir o dejar riqueza en el país. Asimismo, se inició la escalada de endeudamiento externo, cuando en 1982 el Estado se hizo cargo de las deudas tomadas por las grandes empresas privadas argentinas en el extranjero. En 1974 la participación del ingreso de los sectores asalariados en el PBI era del 45%, al final de la
dictadura se había reducido al 22%. La deuda externa pasó de 7.900 a 46.500 millones de dólares, y de representar el 34% del PBI al 72%. La pobreza pasó del 3,2% de la población al 28%, y el desempleo del 3,3% al 5,3%
¿Qué fue el plan sistemático de robo de bebés?
En Argentina, durante la última dictadura militar, en la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros ilegales de detención funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión ilegal. Algunos niños fueron entregados
directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos de menores como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. En 2011, en el marco de la reactivación del proceso de justicia, se realizó un juicio emblemático en el que se demostró la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación sobre la población civil, reconocimiento que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas. A la fecha, son 133 los nietos que recuperaron su identidad.
¿Se puede definir como genocidio lo que sucedió en Argentina durante la dictadura?
En nuestro país existió un plan sistemático de desaparición de personas, asesinatos, torturas y apropiación de bebes. Estas acciones estuvieron focalizadas en grupos determinados, por lo tanto, se encuentran enmarcadas en la definición jurídica de genocidio: “aniquilamiento sistemático de un grupo de población como tal”. Numerosos juristas, académicos y actores políticos y sociales sostienen que en Argentina la dictadura militar llevó adelante un genocidio. La primera condena judicial por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio” tuvo lugar en el 2006 en la Ciudad de La Plata en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué rol desempeñaron los organismos defensores de derechos humanos durante ese período?
Durante la última dictadura militar, surgieron en Argentina organizaciones que nuclearon a las víctimas directas del terrorismo de Estado. Así fue como se originaron Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Estos organismos se sumaron a los ya preexistentes como LPDH (Liga Argentina por los Derechos Humanos), MEDH (Movimiento Ecuménico por Derechos Humanos) y otros que también surgirían en ese periodo como la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Todos ellos tuvieron un rol crucial en la denuncia, tanto dentro como fuera del país, de las violaciones a los derechos humanos que
estaban ocurriendo. La obtención del premio Nobel de la Paz por parte de Adolfo Pérez Esquivel (presidente del SERPAJ) y el impacto que los organismos de víctimas directas tuvieron en el mundo fueron hitos centrales en la lucha por los derechos humanos. Si bien el rol principal de los organismos fue la denuncia de lo que estaba ocurriendo, también fue central la tarea de investigación y recolección de información sobre las violaciones a los derechos humanos que llevaron adelante. Mucho de ese material fue clave para que puedan ser juzgados quienes habían cometido ese tipo de delitos. A mediados de los 90 se crea la Agrupación H.I.J.O.S. que le da un nuevo impulso a la lucha contra la impunidad.
¿Qué derechos estuvieron limitados o vedados durante la dictadura cívico-militar?
La Junta Militar (nombre que adoptó el gobierno de facto) suspendió los mecanismos y procedimientos propios del sistema democrático y se posicionó como el supuesto garante del orden, la paz y de las autoridades creadas por ella frente a supuestos peligros internos, declarando el Estado de sitio «en la provincia o territorio en donde existiera la perturbación del orden», quedando suspendidas las garantías constitucionales. Fue así que durante la dictadura muchos derechos estuvieron limitados en su ejercicio o directamente prohibidos. Desde un marco institucional, a partir del 24 de marzo de 1976, se consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; se cerraron los poderes legislativos nacionales y provinciales; se suspendió la actividad de los partidos políticos; se intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; se prohibió el derecho de huelga; se anularon las convenciones colectivas de trabajo; se instaló la pena de muerte para delitos de orden público , y se impuso una férrea censura de
prensa y restricciones a la libertad de expresión, entre otras tantas medidas. Si centramos la mirada en los derechos de las personas, los derechos que fueron suspendidos y violados son fundamentalmente aquellos que conocemos como derechos civiles y políticos. También derechos económicos y sociales, como el acceso al trabajo y la vivienda sufrieron enormes restricciones a su cumplimiento por las políticas económicas neoliberales instauradas por la dictadura.
¿Por qué son 30 mil?
El número total de detenidos-desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado y en especial de las fuerzas armadas y de seguridad en ese período. La cifra 30.000 comenzó a ser usada durante la última dictadura militar como una estimación de las denuncias que se estaban recibiendo en el país y en los ámbitos internacionales. Ese número no sólo implica una estimación, sino que es el símbolo de la lucha del país por los derechos humanos en busca de la no repetición de lo sucedido y de la continua búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. El número de desaparecidos y asesinados está en construcción y crece permanentemente, al día de hoy se siguen recibiendo denuncias de personas que por distintos motivos nunca las habían realizado antes. El carácter indeterminado del registro de las víctimas es intrínseco a todo proceso genocida. Hasta hoy, a pesar de los numerosos juicios y de las políticas de derechos humanos, existe un pacto de impunidad entre los responsables de los crímenes, por el cual nunca han revelado ni cuántos ni quiénes fueron las víctimas, ni cuál fue su destino final. Por lo cual las investigaciones continúan.
¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos abarcan una amplia gama de derechos y libertades, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, el derecho a la educación, entre otros. Estos derechos fundamentales se consideran universales, inalienables e interdependientes, lo que significa que todas las personas los tienen por el solo hecho de ser personas. Fueron escritos inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en 1948, para prevenir que volvieran a cometerse terribles crímenes como los que sucedieron antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué es importante defender los derechos humanos?
Este año celebramos 40 años de la recuperación democrática y el fin de la dictadura cívico-militar, que desde 1976 hasta 1983
gobernó el país imponiendo un régimen de terror que suprimió y violó sistemáticamente los derechos humanos, torturando y
desapareciendo a miles de personas. La importancia de los derechos humanos se volvió más evidente que nunca durante ese período. Tanto que fueron incorporados en la nueva Constitución de 1994. Los derechos humanos son los cimientos de una sociedad libre y
justa. En una democracia, tenemos la oportunidad de cuidar estos derechos que garantizan la igualdad, la justicia y la dignidad para
todas las personas, y son esenciales para construir sociedades justas y equitativas. No hay democracia sin derechos humanos.
LEYES INTERNACIONALES y NACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS – ORGANISMOS VINCULADOS CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos | Naciones Unidas
Constitución nacional | Argentina.gob.ar
Normativa sobre derechos humanos | Argentina.gob.ar
Memoria, verdad y justicia – CELS
CPM | Comisión Provincial por la Memoria
BIBLIOTECA – VIDEOTECA
La Historia Oficial – 1985 (película completa)
Madres de Plaza de Mayo. La historia: Las locas de la plaza (1977) – Canal Encuentro
Una historia de Madres (documental)
Multitudinaria marcha en Argentina a 49 años del golpe de Estado | AFP
